La expansión del crimen organizado, consecuencias sobre desarrollo
Por Javier Oliva Posada
La dinámica económica y comercial de cualquier país pasa por dos variables fundamentales: las condiciones para el desarrollo del mercado interno, por un lado, y por el otro, la calidad de la infraestructura terrestre para el transporte de las mercancías. La seguridad en el desplazamiento de los productos, cualquiera que estos sean, es una característica periférica al sector de los transportes, pero determinante para su funcionamiento.
Nuestro país, ante la pendiente de violencia y expansión de las actividades del crimen organizado, el robo y atraco al transporte de carga, entiéndase por carretera y vías férreas, ha alcanzado, de acuerdo con la Comisión de Transporte, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), niveles “francamente alarmantes”. Para sostener lo anterior, el organismo empresarial documenta 3 mil 357 robos o asaltos a transportes de carga en general, durante el primer trimestre de 2018, lo que representó un impresionante incremento de 108%, respecto de 2016, y de 65%, en comparación a 2017, en el mismo período.
Las mercancías más afectadas fueron alimentos y bebidas, con 30% del total de eventos; 27%, combustibles, y 10%, químicos. El resto se distribuyó en acero, autopartes y manufacturas. En particular, las entidades con el mayor número de delitos denunciados de asalto y robo a trenes fueron: Estado de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala. En este último caso, llama la atención que, no obstante la superficie de la entidad, se encuentre colocada en los primeros lugares de estos graves indicadores. En total, el 92% de este tipo de delitos se concentra en dichos Estados de la República.
Nos encontramos así ante una seria paradoja. Mientras mejor se desarrolla el sistema ferroviario, mientras existe una ampliación de los hasta ahora 26 mil kilómetros de tendidos férreo, más actividad criminal se reporta.
Y si se observa con detenimiento, las entidades con mayor incidencia en el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) son las que también reportan el mayor número de asaltos y robos a los ferrocarriles de carga.
La relación se puede establecer a partir del transporte de sustancias químicas y derivados del petróleo en los furgones, por lo que las bandas criminales, al contar con cierta infraestructura (pipas, tuberías, bombas), pueden hacerse de dichas cargas.
Las cifras respecto de robo y asalto a trenes hablan por sí solas. De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se documentan también en el primer trimestre de 2018, 852 actos delictivos, contra 125 durante el mismo período en 2017. La zona del Bajío es, por mucho, la más peligrosa y, como ya se apuntó, con la mejor infraestructura. La incidencia criminal, a excepción del estado de Guerrero, que junto con Baja California Sur y Quintana Roo, por increíble que parezca, no cuentan con un solo kilómetro de vías férreas, es en aquéllas entidades que reportan los mayores índices de muertes violentas.
La dinámica corrosiva de la delincuencia se diversifica a la par, o más rápido aún, que la correspondiente a la economía y a la productividad. La ampliación de las redes criminales siguen sometiendo a sociedad y autoridades civiles, sin que a la vista, haya una consistente estrategia para hacerle frente. Ahí están las evidencias.
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